El apartado 4.b del artículo 41 del anteproyecto de ley de seguridad privada aprobado por el Consejo de Ministros permite a los vigilantes prestar servicio en la vía pública, concretamente en lo que se denominan “zonas comerciales peatonales”, como puede ser la calle Preciados de Madrid u otras áreas similares localizadas generalmente en el centro urbano de cualquier ciudad de España.
Esta novedad está respaldada, según argumentó el secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), Eduardo Cobas, por varios análisis sociológicos que la propia patronal expone en su web basados en encuestas, que aseguran que el 85% de los ciudadanos preguntados estaría a favor de que en estas zonas un vigilante pueda atender una urgencia en un determinado momento.
La actual legislación, valoró Cobas durante su intervención en Seguridad y Tribunales Radio, tenía un “concepto muy estricto y rígido de la vía pública”. Según el responsable de Aproser, el nuevo anteproyecto “amplía” esta idea, que equipara a lo que ocurre por ejemplo en un centro comercial abierto, donde operan vigilantes, con la única diferencia de que las zonas comunes de ese lugar son privadas.
Además de este servicio en el exterior de los locales para los que han sido contratados, los apartados 4.a y 4.c del mismo artículo de la futura ley contemplan que los vigilantes también puedan operar en la vía pública en “polígonos industriales, en urbanizaciones y en sus vías de uso común”, así como en “acontecimientos deportivos, culturales o sociales que se desarrollen en espacios públicos”.
Los supuestos y las condiciones tendrán que ser desarrolladas en futuros reglamentos, aunque, según el texto, en cualquier caso los mencionados servicios en el exterior “requerirán” de “autorización previa” y siempre se llevarán a cabo “en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
